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Informe sobre medición de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C.

Por: comunicaciondigital
Publicado el: Abril 2018

La Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación presenta al público su primera entrega del Informe sobre medición de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. 

En esta entrega se presenta el resultado de la medición de 10 indicadores, pertenecientes a los componentes de subsistencia mínima, educación, indemnización administrativa y restitución de tierras. Estos 10 indicadores corresponde al 13% de la totalidad de indicadores diseñados por la UARIV, que aplican al caso distrital, motivo por el que se harán 2 entregas más durante el presente año para medir los indicadores restantes.

Con el objetivo de medir el estado de avance en el cumplimiento de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, el Decreto 1084 de 2015 define los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos –IGED- como un mecanismo de seguimiento y evaluación a dicha política pública (Artículo 2.2.8.3.8). Estos indicadores se enfocan principalmente en el goce efectivo de derechos conferidos por la ley, por parte de las víctimas de desplazamiento forzado. Las entidades responsables del diseño técnico de esta medición son el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Por otro lado, en este artículo (Parágrafo 3) se estipula que “Las entidades territoriales deberán tener en cuenta los resultados de la medición de los indicadores de goce efectivo de derechos de las víctimas, realizadas por ellas mismas o por el Gobierno Nacional, al momento de elaborar o actualizar sus planes de desarrollo territorial y sus planes de acción” (Decreto 1084 de 2015, Artículo 2.2.8.3.8, Parágrafo 3).

Con el fin de contar con una medición más actualizada y con mayor representatividad para el Distrito Capital y en consonancia con el marco legal vigente, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación se propuso adelantar la coordinación de esta medición para Bogotá, y en este sentido, el presente documento describe el estado actual de la medición para la última batería de IGED remitida por la UARIV en 2017. Previamente, la medición más actualizada con desagregación de información a nivel territorial que se tiene disponible en materia global de Goce Efectivo de Derechos corresponde a la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos (EGED) 2013-2014, realizada por el DANE y la UARIV. 

El Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 587 de 2015, estipula que el gobierno Distrital debe i) adoptar los IGED como parte de un sistema de seguimiento y evaluación a la política pública distrital de víctimas; ii) incluirlos dentro del Plan de Acción Distrital para la Prevención, Protección, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas – PAD -, adaptándolos a las realidades demográficas, socioculturales y económicas del Distrito, tomando como referencia la fórmula de cálculo adoptada por la Corte Constitucional e incluir un enfoque diferencial; iii) disponer de mecanismos de interoperabilidad que permitan el monitoreo de datos relacionados con la batería de indicadores dentro del PAD y iv) publicar un documento que dé cuenta de la medición de los IGED para Bogotá, estipulando la coordinación metodológica a cargo de la ACDVPR y la UARIV.

El presente documento no tiene el alcance para presentar un panorama general en materia de goce efectivo de derechos, y que su objetivo es más el de hacer un diagnóstico de la información requerida para la medición de los IGED para Bogotá. Por tanto, este documento se permite señalar la importancia en el avance de esta tarea, y el reto en manejo de información que posee la política pública de víctimas, invitando a las entidades que generan la información correspondiente a participar en la importante tarea de medición del avance de la política pública para las víctimas, encaminada a garantizar el goce efectivo de los derechos que la Ley otorga a las víctimas del conflicto armado en Bogotá.

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